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La actividad física y el deporte representan componentes fundamentales para garantizar el Derecho Humano a la salud, al bienestar y a una mejor calidad de vida. En las últimas décadas, la industria del acondicionamiento físico ha registrado un crecimiento sostenido tanto a nivel internacional como en México.
En la Ciudad de México, la expansión de gimnasios, centros de entrenamiento y espacios privados de acondicionamiento físico ha aumentado de manera considerable como consecuencia de la creciente demanda de la población interesada en mejorar sus hábitos de salud y prevenir enfermedades asociadas al sedentarismo.
Diversas cadenas nacionales e internacionales dedicadas al acondicionamiento físico han ampliado su presencia en distintos estados de la República Mexicana, mediante modelos de membresía mensual o anual que permiten a las personas usuarias acceder de manera recurrente a instalaciones deportivas y servicios especializados.
Sin embargo, el crecimiento de este sector también ha generado nuevos desafíos en materia de regulación, transparencia contractual y protección de los derechos de las personas consumidoras.
En el caso específico de la Ciudad de México, existe un número importante de establecimientos dedicados a actividades deportivas y de acondicionamiento físico. Por ejemplo, se estima la existencia aproximada de 242 establecimientos en la alcaldía Álvaro Obregón; 162 en Azcapotzalco; 553 en Gustavo A. Madero; 762 en Cuauhtémoc; 357 en Miguel Hidalgo; 345 en Coyoacán; y 615 en Iztapalapa, entre otras demarcaciones territoriales. En conjunto, la capital del país cuenta con un aproximado de 4 mil 636 establecimientos relacionados con actividades deportivas y de acondicionamiento físico.
Asimismo, de acuerdo con el Catálogo Nacional de Indicadores, en la Ciudad de México el porcentaje de personas mayores de edad que realizan actividades físicas y deportivas en su tiempo libre, durante el periodo comprendido entre 2023 y 2025, de 16,881,952 personas se incrementó en un 15.67% alcanzando la cifra de 19,528,744 usuarios.
Dentro de dicho universo, para el año 2025 se identifican las siguientes cifras:
- Mujeres: 9 millones 741 mil 500.
- Hombres: 9 millones 787 mil 244.
El mismo estudio señala que el 71.1% de las personas encuestadas manifestó contar con un espacio físico para realizar ejercicio en su colonia. Este dato refleja un alto porcentaje de población que acude tanto a espacios públicos como privados para desarrollar actividades deportivas, recreativas o de preparación física, lo que evidencia la importancia de que el marco jurídico garantice certeza y seguridad jurídica al momento de contratar servicios con gimnasios, clubes deportivos o cualquier instalación destinada al acondicionamiento físico en la Ciudad de México.
Si bien en diversos Congresos se han impulsado reformas encaminadas a regular este tipo de establecimientos y evitar prácticas arbitrarias, resulta necesario fortalecer la legislación vigente a efecto de establecer mecanismos más eficaces de protección para las personas consumidoras frente a posibles prácticas abusivas o engañosas.
De acuerdo con información de la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) y del Buró Comercial, las quejas relacionadas con gimnasios y centros de acondicionamiento físico han incrementado considerablemente, principalmente por
abusos vinculados con los cobros de membresías.
Conforme a la información disponible en el Buró Comercial de la PROFECO, los motivos de reclamación más recurrentes en contra de este tipo de establecimientos son los siguientes:
- Cobros indebidos o cargos automáticos no reconocidos.
- Negativa a cancelar servicios previamente contratados.
- Incumplimiento de promociones ofrecidas.
- Modificaciones unilaterales a los contratos.
- Incrementos en las tarifas de membresías sin previo aviso.
Uno de los principales problemas detectados en este sector se relaciona con la falta de transparencia en las condiciones de contratación de las membresías. En distintos casos, las personas usuarias han reportado que algunos establecimientos incrementan las tarifas durante la vigencia del contrato o modifican unilateralmente las condiciones originalmente pactadas.
Estas prácticas generan incertidumbre jurídica y afectan la confianza de las personas consumidoras respecto de los servicios ofrecidos por este tipo de establecimientos. Además, el impacto económico y social derivado del incremento en el costo de las membresías no solo afecta a las personas usuarias, sino también a la percepción de confianza y legalidad en el sector. Por ello, las normas jurídicas deben orientarse a fortalecer la protección de los derechos de las personas consumidoras y garantizar condiciones claras, equitativas y transparentes en la prestación de estos servicios.
En diversos países, como España, Argentina y Chile, los contratos relacionados con servicios deportivos deben redactarse de manera clara, comprensible y libres de cláusulas abusivas. En dichos sistemas jurídicos, prácticas como penalizaciones
desproporcionadas, renovaciones automáticas sin información suficiente o modificaciones económicas no notificadas pueden generar sanciones administrativas e incluso la nulidad de cláusulas contractuales.
Desde una perspectiva económica y de competencia comercial, en México resulta indispensable establecer reglas claras para este sector, ya que ello no solo protege a las personas consumidoras, sino que también genera beneficios para los propios
prestadores de servicios al fomentar condiciones de competencia leal y evitar prácticas comerciales abusivas.
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