El gobierno mexicano, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, ha incluido en el Paquete Económico 2026 una propuesta para aplicar un impuesto especial del 8% a los videojuegos con contenido violento, extremo o clasificados para adultos. Este gravamen forma parte del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), similar al impuesto a refrescos, cigarros y apuestas en línea.
La medida aplicará tanto a la venta física como al consumo digital a través de plataformas o membresías, e incluirá también contenido adicional comprado dentro de los juegos, como personajes o niveles extra. Las empresas nacionales y extranjeras sin establecimiento en México que ofrezcan estos productos estarán obligadas a registrarse ante el SAT y a reportar sus operaciones bajo esta normativa.
La justificación oficial destaca estudios que relacionan el uso de videojuegos violentos con un incremento en conductas agresivas, además de posibles efectos sociales y psicológicos negativos como aislamiento y ansiedad entre adolescentes. Bajo esta premisa, el gobierno busca desincentivar el consumo de estos títulos y generar recursos para atender los costos en salud asociados.
Expertos y críticos han señalado que este impuesto puede no ser efectivo para educar o modificar conductas, ya que encarecer productos no siempre reduce su consumo, y atribuyen el problema central a factores familiares y escolares. Sin embargo, la propuesta mantiene la intención de controlar este mercado que en México movió cerca de 2,300 millones de dólares en 2024, con más de 76 millones de jugadores en el país.
El impuesto podría generar una recaudación estimada de 183 millones de pesos en su primer año, según documentos oficiales. De aprobarse, representará un impacto notable para títulos populares que incluyen violencia gráfica, y se enmarca dentro de una política fiscal que busca mejorar la salud pública y la seguridad.
Esta iniciativa abre el debate sobre la responsabilidad del Estado en la regulación del entretenimiento digital frente a la salud y bienestar social, y la eficacia de medidas tributarias para influir en hábitos de consumo.
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