En una sesión maratónica de más de 24 horas, la Cámara de Diputados aprobó este 3 de diciembre de 2025 la Ley General de Aguas junto con una reforma integral a la Ley de Aguas Nacionales. El dictamen fue avalado en lo general con 328 votos a favor, 131 en contra y 5 abstenciones; en lo particular recibió 324 votos a favor, 118 en contra y 2 abstenciones.
El proyecto, impulsado por el Ejecutivo federal, será enviado al Senado para su aprobación final.
Qué propone la ley: agua como derecho, no como mercancía
De acuerdo con la nueva normativa, el agua pasará a conceptualizarse firmemente como un derecho humano esencial: para consumo personal y doméstico, disposición segura y saneamiento, conforme a estándares de salubridad reconocidos a nivel internacional.
El texto legal establece nuevas obligaciones para los tres órdenes de gobierno (federal, estatales y municipales) respecto al acceso, tratamiento, distribución y saneamiento del agua, y al mismo tiempo regula claramente concesiones, usos permitidos y límites al uso indebido del recurso.
Además, se introducen sanciones severas: cambiar el uso concesionado del agua, o transmitir la concesión a terceros sin la autorización correspondiente, podrá significar multas millonarias y hasta 8 años de prisión.
El proyecto también incluye regulaciones para la captación de agua pluvial para uso personal y doméstico, lo que podría favorecer prácticas sostenibles.
Motivaciones declaradas: equidad, combate al mercado negro y adaptación al cambio climático
Entre los argumentos a favor, los promotores de la ley sostienen que las reformas buscan garantizar “acceso efectivo, asequible y universal” al agua potable, reduciendo desigualdades históricas entre regiones.
También se apunta que la nueva ley pretende cerrar espacios al mercado negro o abusivo de concesiones de agua, reforzando el control estatal sobre un recurso estratégico para la soberanía hídrica.
De igual modo, los defensores argumentan que la norma crea un marco legal para la recuperación de acuíferos, saneamiento de aguas residuales y la resiliencia frente al cambio climático, en un contexto de sequías, sobre-explotación de mantos freáticos y crisis hídrica en varias entidades del país.
Críticas y preocupaciones: riesgos para el campo y falta de certeza jurídica
Pese a los anuncios oficiales, el proceso de aprobación ha generado fuertes críticas, especialmente del sector agropecuario. Productores alertan que la eliminación de la transmisión automática de concesiones —es decir, que el agua “acompañe a la tierra” históricamente— convierte ahora el acceso en un asunto burocrático y discrecional, lo que podría debilitar la certeza jurídica y afectar su patrimonio.
Además, organizaciones rurales denuncian que no se respetaron ciertos acuerdos previos, y que los cambios fueron aprobados con rapidez (“fast-track”), sin un debate amplio ni consulta adecuada, particularmente con pueblos indígenas afectados.
Algunos legisladores de la oposición calificaron el paquete como “un albazo”, argumentando que el método acelera la aprobación sin suficiente transparencia y sin atender las demandas de distintos sectores.
Finalmente, hay dudas sobre la implementación: críticos advierten que sin presupuesto suficiente para infraestructura hidráulica, tratamiento, distribución y saneamiento —y sin un plan claro de asignación de recursos— la norma podría quedar en letra muerta.
Perspectiva ética y legal: el reto de equilibrar derechos, gobierno y agricultura
Desde un enfoque jurídico y de derechos humanos, la ley representa un avance significativo. Reconocer el agua como un derecho esencial, regular concesiones y consolidar un marco estatal robusto puede fortalecer la gobernanza del recurso. Sin embargo, la legalidad no basta: su legitimidad dependerá de cómo se implemente, del respeto a la transparencia, la participación ciudadana y del equilibrio entre interés público, derechos individuales y derechos colectivos —sobre todo de comunidades rurales e indígenas.
Para garantizar justicia hídrica, será indispensable una implementación que incluya presupuesto real, mecanismos de monitoreo independientes, participación social relevante y mecanismos de rendición de cuentas. De lo contrario, existe el riesgo de reproducir desigualdades, desplazamientos de derechos rurales y consolidar un control estatal que no se traduzca en equidad.
Como lo advirtió un legislador opositor, este cambio debe ir acompañado de una “certidumbre real” para actores agrícolas, ejidatarios, comunidades indígenas y ciudadanos urbanos por igual.
En resumen: la aprobación de la Ley General de Aguas marca un hito —tanto jurídico como simbólico— en la regulación del agua en México. Pero la eficacia y la justicia del cambio dependerán de su implementación concreta, del diseño institucional, del financiamiento y del respeto a las múltiples formas de uso y vínculo con el agua que existen en nuestro país.
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